El día de hoy César Lévano, Director del diario La Primera, escribe en el Editorial a cerca de la arremetida antisindical del gobierno aprista. Transcribo aqui el texto:
Despidos antisindicales
Desde los días de 1977 en el que el gobierno de Francisco Morales Bermúdez despidió de un plumazo a cinco mil dirigentes sindicales, no había ocurrido una ola de despidos como la que se da en el régimen de Alan García y Susana Pinilla.
Casi todos los despidos tienen un filo antisindical directo. No sólo son las exportadoras textiles Topy Top (93 despidos, incluida toda la directiva sindical) y San Sebastián (80 despedidos, entre ellos el secretario general y el de defensa).
Celima no quiere sindicato, motivo por el cual lanza a la calle a 76 trabajadores, además de tres dirigentes sindicales. El Sindicato de Trabajadores de Empresa del Zinc padece, por su parte, el despido de 40 trabajadores y seis dirigentes. Fibras Industriales es más selectiva: sólo despide a ocho dirigentes sindicales.
El Estado no es ajeno a este escándalo. En el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) han despedido a 29 miembros del Sindicato Unitario. La arremetida antisindical se inició en marzo. Dos ingenieras que mantenían ojo avizor sobre dudosas compras alimentarias destinadas a niños fueron despedidas, en abierta violación de los derechos sindicales: la ingeniera Marianela Maguiña era secretaria de Defensa, y la ingeniera Patricia Dávila, miembro de la comisión negociadora del pliego de reclamos. Éste y otros casos los he denunciado en esta columna; pero en el Ministerio de Trabajo no se oye, madre.
También los municipios tienen su cuota de sacrificio. De sacrificio de los trabajadores. El alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, ha despedido a 160 obreros y a 1,734 afiliados al Sindicato de Trabajadores Municipales de Lima y de la Empresa de Servicios Municipales de Limpieza de Lima.
Juan Manuel del Mar, alcalde de Santiago de Surco, es hombre de convicciones (antisindicales): despidió el 31 de diciembre último a 548 obreros municipales contratados, por haber tenido la insolencia de organizar un sindicato. Augusto Tamashiro, alcalde de Chorrillos, despidió 56 obreros y 30 empleados. También Victor Leyton, del Rímac, tiene su historia.
Esta lista es apenas una apretada síntesis. Una cifra aproximativa indica que los despidos en los sectores privado y público suman 1,436.
Esto ocurre mientras la ministra de Trabajo viaja a Estados Unidos para sostener que en el Perú se respetan los derechos sindicales.
Y el presidente García declara en la provincia de Virú: “nunca nos apartaremos de la justicia social”. Para él, la justicia debe de consistir en dejar que los patrones lancen a la calle a hombres y mujeres que quieren sindicato porque saben que es la única vía para obtener o consolidar derechos.
En el país y hasta en el Congreso debería alzarse una ola de rechazo contra este escándalo.
Fuente: La Primera
Despidos antisindicales
Desde los días de 1977 en el que el gobierno de Francisco Morales Bermúdez despidió de un plumazo a cinco mil dirigentes sindicales, no había ocurrido una ola de despidos como la que se da en el régimen de Alan García y Susana Pinilla.
Casi todos los despidos tienen un filo antisindical directo. No sólo son las exportadoras textiles Topy Top (93 despidos, incluida toda la directiva sindical) y San Sebastián (80 despedidos, entre ellos el secretario general y el de defensa).
Celima no quiere sindicato, motivo por el cual lanza a la calle a 76 trabajadores, además de tres dirigentes sindicales. El Sindicato de Trabajadores de Empresa del Zinc padece, por su parte, el despido de 40 trabajadores y seis dirigentes. Fibras Industriales es más selectiva: sólo despide a ocho dirigentes sindicales.
El Estado no es ajeno a este escándalo. En el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) han despedido a 29 miembros del Sindicato Unitario. La arremetida antisindical se inició en marzo. Dos ingenieras que mantenían ojo avizor sobre dudosas compras alimentarias destinadas a niños fueron despedidas, en abierta violación de los derechos sindicales: la ingeniera Marianela Maguiña era secretaria de Defensa, y la ingeniera Patricia Dávila, miembro de la comisión negociadora del pliego de reclamos. Éste y otros casos los he denunciado en esta columna; pero en el Ministerio de Trabajo no se oye, madre.
También los municipios tienen su cuota de sacrificio. De sacrificio de los trabajadores. El alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, ha despedido a 160 obreros y a 1,734 afiliados al Sindicato de Trabajadores Municipales de Lima y de la Empresa de Servicios Municipales de Limpieza de Lima.
Juan Manuel del Mar, alcalde de Santiago de Surco, es hombre de convicciones (antisindicales): despidió el 31 de diciembre último a 548 obreros municipales contratados, por haber tenido la insolencia de organizar un sindicato. Augusto Tamashiro, alcalde de Chorrillos, despidió 56 obreros y 30 empleados. También Victor Leyton, del Rímac, tiene su historia.
Esta lista es apenas una apretada síntesis. Una cifra aproximativa indica que los despidos en los sectores privado y público suman 1,436.
Esto ocurre mientras la ministra de Trabajo viaja a Estados Unidos para sostener que en el Perú se respetan los derechos sindicales.
Y el presidente García declara en la provincia de Virú: “nunca nos apartaremos de la justicia social”. Para él, la justicia debe de consistir en dejar que los patrones lancen a la calle a hombres y mujeres que quieren sindicato porque saben que es la única vía para obtener o consolidar derechos.
En el país y hasta en el Congreso debería alzarse una ola de rechazo contra este escándalo.
Fuente: La Primera
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